Por Iván Adaos Bahamondes.
Director Colegio “Mi hijo 2”
La denominada Educación Especial (según el decreto 170 del Ministerio de Educación, se refiere a estudiantes con discapacidad intelectual, multidéficit, sordera y trastornos del lenguaje, entre otros) enfrenta graves dificultades dado que desde sus inicios ha sido considerada por las autoridades como una modalidad educativa y no como un nivel, como la enseñanza parvularia, básica, media y superior.
Por tal razón, su actuar ha estado dirigido, normado y supervisado a través de actos administrativos (decretos, dictámenes, resoluciones, orientaciones y circulares) que emanan desde el Mineduc, que regulan desde la infraestructura hasta lo técnico pedagógico y administrativo organizacional.
Esto genera que cada cierto tiempo estas normas sean fácilmente derogadas, reemplazadas o modificadas por otras cuando hay un cambio de autoridades. Es así como continuamente se modifican las estructuras de curso, cantidad de horas y profesionales que intervienen planes y programas, personal idóneo y horas de plan de estudio, etc.
Esta modalidad educativa ha sido tratada de distinta forma desde el nivel central. Las Escuelas Especiales están obligadas a cumplir la normativa técnico administrativa vigente a la par de los establecimientos regulares, por ejemplo, deben realizar un PME (Programa de Mejoramiento Educativo). Aunque nuestro sector agrupa a los alumnos más vulnerables y prioritarios del país, por normativa las escuelas especiales no pueden acceder a estos beneficios de la ley SEP.
En 2009 y a través del Decreto 170, el Mineduc regula el uso de subvenciones para niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en escuelas regulares, dando origen al Programa de Integración Escolar, permitiendo que aquellos estudiantes con NEE permanentes y transitorias pudieran ser atendidos. Ya en 2018 existían en el país 5.614 escuelas regulares con programas PIE que atendieron a 364.129 estudiantes. Son 550 mil niños, niñas y jóvenes con NEE, cifra que ha crecido significativamente en los últimos años, como consecuencia del deterioro socioemocional y sicológico producto de la pandemia.
Así, los establecimientos de educación especial y regular con PIE se ven enfrentados a todo tipo de adversidades ocasionadas por estos cambios periódicos, dificultando la generación o mantención de estos necesarios “Ambientes Emocionalmente Seguros” (AES).
Si bien hay avances importantes como “La Ley del Autismo”, claramente es insuficiente. Por ello es imprescindible una Ley General de Educación Especial para resguardar el derecho de la educación y el bienestar de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con NE.
